¿Cuáles son las leyes que regulan el uso de la firma digital?

Con el avance de la tecnología, la firma electrónica se ha vuelto cada vez más común para establecer acuerdos y contratos entre personas físicas y jurídicas. Esta tecnología permite que las partes de un contrato puedan acordar y firmar sin necesidad de imprimir el documento o hacerlo manualmente. Esto aporta más velocidad, seguridad y confiabilidad a los documentos firmados de forma electrónica.

La Medida Provisoria 2.200-2 es la responsable de la regulación de la certificación digital en Brasil y de la creación de la Infraestructura de Claves Públicas Brasileña (ICP-Brasil), garantizando la validez de las firmas digitales en contratos. Como se mencionó anteriormente, esta es una herramienta importante para garantizar la seguridad y autenticidad de los documentos electrónicos en nuestro país.

Con un certificado digital validado por ICP-Brasil, es posible garantizar la autenticidad y validez jurídica de los acuerdos virtuales. Esto ocurre porque el firmante confirma su identidad y expresa su voluntad de firmar el documento. Así como un documento de identidad se utiliza para reconocer firma en notaría, este certificado funciona como una documentación intransferible y única.

Es importante mencionar la Ley 11.419 de 2006, que establece el uso de documentos electrónicos por el Poder Judicial y reconoce su validez legal, incluyendo la firma digital en contratos. Esto demuestra la aceptación de la tecnología en la esfera jurídica y refuerza su eficacia en términos legales.

La Ley 14.063/2020, también conocida como Ley de la Firma Electrónica y publicada en septiembre de 2020, ayudó a promover el uso de este tipo de firma al garantizar su validez jurídica. Con esta ley, las posibilidades de aplicación de la firma electrónica se ampliaron a los órganos del poder público, que ahora aceptan diferentes modalidades de esta práctica, reforzando aún más su seguridad y legalidad.

Para simplificar los procesos y hacerlos más eficientes, el Gobierno Federal aprobó el Decreto 10.543/2020, que regula el uso de firmas electrónicas simples, avanzadas y cualificadas por entidades públicas federales. Ahora es posible utilizar estas firmas para agilizar diversos procedimientos administrativos.

Es importante destacar que el certificado digital ICP-Brasil no es el único medio de autenticación válido de acuerdo con la MP 2.200-2. Las firmas digitales realizadas a través de certificados corporativos y las firmas electrónicas también son aceptadas legalmente en la negociación de contratos.

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