Los documentos firmados digitalmente tienen validez jurídica?

La firma digital de contratos es un proceso altamente conveniente y seguro. No tiene plazo de vencimiento y todas sus etapas son fácilmente rastreables, lo que permite su auditoría. Además, tiene el mismo valor legal que una firma en papel, siendo regulada por la Medida Provisoria nº 2.200-2, del 24 de agosto de 2001 y por la Ley nº 14.063, del 23 de septiembre de 2020.

¿Cómo garantizar la validez jurídica?

Con la creciente digitalización de los procesos, la firma digital se ha convertido en una solución eficaz para validar documentos de forma remota. Esto ofrece mayor comodidad, rapidez y seguridad.

En un mundo cada vez más digital, es esencial que los documentos firmados electrónicamente tengan la misma validez jurídica que los documentos físicos firmados a mano. Esto garantiza la seguridad y legalidad de los acuerdos realizados en línea.

Para que un documento sea reconocido legalmente, debe cumplir ciertos requisitos que garanticen su autenticidad y conformidad con las leyes. Aunque estas exigencias pueden variar según el tipo de documento y su propósito, generalmente incluyen:

• Identificación de las partes: crucial para garantizar la validez de un documento firmado. Asegúrese de que todas las partes involucradas estén correctamente identificadas y con la debida autoridad para firmar.
• Autenticidad: la autoría de la firma debe ser comprobada, lo que puede hacerse fácilmente utilizando medios electrónicos, como la certificación digital del estándar ICP-Brasil.
• Seguridad: el contenido del documento debe permanecer inalterado después de la firma, asegurando que los términos acordados permanezcan seguros y protegidos.
• Conformidad legal: es necesario que los documentos sean elaborados y firmados de acuerdo con las normas de la legislación vigente aplicable.
• Cláusula de intención: el documento debe contener una declaración inequívoca de las partes involucradas sobre el uso de la firma digital.

¿Cuáles son las leyes que regulan la firma digital?

En 2001 se creó la Medida Provisoria 2.200-2, que estableció la Infraestructura de Claves Públicas Brasileña (ICP-Brasil), una jerarquía de confianza que permite la emisión de certificados digitales para la identificación virtual del ciudadano, proporcionados por el Instituto Nacional de Tecnología de la Información (ITI).

La Ley 14.063/2020, también conocida como Ley de la Firma Electrónica, fue publicada en septiembre de 2020 y ayudó a popularizar el uso de este tipo de firma al reforzar su validez jurídica. Además, esta ley amplió las posibilidades de aplicación en los órganos del poder público, que ahora aceptan diversas modalidades de firma electrónica, comprobando su validez y seguridad.

El Gobierno Federal publicó el Decreto 10.543/2020, que establece reglas más específicas para el uso de firmas electrónicas simples, avanzadas y cualificadas por entidades públicas federales. Esta nueva regulación tiene como objetivo facilitar los procesos burocráticos y agilizar la comunicación entre organismos gubernamentales.

La Ley nº 11.419/2006, también conocida como la ley de informatización del proceso judicial, establece que los documentos producidos electrónicamente y adjuntados a procesos electrónicos serán considerados originales para fines legales, siempre que se garantice su autenticidad y firma de acuerdo con las normas establecidas por dicha ley.

El Código de Proceso Civil afirma que los documentos electrónicos producidos y mantenidos de conformidad con la legislación específica serán aceptados, conforme el artículo 441.

La legislación brasileña regula la firma electrónica y digital, garantizando su validez jurídica. Es importante señalar que el formato electrónico no puede negar el efecto legal de una transacción. Por lo tanto, es seguro afirmar que las firmas electrónicas tienen validez jurídica siempre que se obtengan adecuadamente, utilizando tecnologías compatibles para autenticidad e integridad.

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